Jueves, 11 Febrero 2021

Nuevo Reglamento de la Ley de Auditoría de cuentas

El Ejecutivo ha aprovechado la aprobación del nuevo Reglamento de la Ley de Auditoría de cuentas para reforzar el régimen sancionador del incumplimiento de la obligación de depósito de cuentas. A partir del 1 de febreo ya es exigible el cumplimiento del Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, que incorpora numerosas novedades en la cumplimentación de los informes y en el ejercicio de la actividad de los profesionales auditores, así como en la actuación de las sociedades auditadas de forma obligatoria o voluntaria. En su disposición adicional undécima, se establece lo siguiente lo siguiente:

 

Disposición 1351 del BOE núm. 26 de 2021

“Disposición adicional undécima. Régimen sancionador del incumplimiento de la obligación de depósito de cuentas.

  • 1. El plazo total para resolver y notificar la resolución en el procedimiento sancionador regulado en el artículo 283 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, será de seis meses a contar desde la adopción por el Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas del acuerdo de incoación, sin perjuicio de la suspensión del procedimiento y de la posible ampliación de dicho plazo total y de los parciales previstos para los distintos trámites del procedimiento, según lo establecido en los artículos 22, 23 y 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
  • 2. Los criterios para determinar el importe de la sanción, de conformidad con los límites establecidos en el artículo 283 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, serán los siguientes:
    • a) La sanción será del 0,5 por mil del importe total de las partidas de activo, más el 0,5 por mil de la cifra de ventas de la entidad incluida en la última declaración presentada ante la Administración Tributaria, cuyo original deberá aportarse en la tramitación del procedimiento.
    • b) En caso de no aportar la declaración tributaria citada en la letra anterior, la sanción se establecerá en el 2 por ciento del capital social según los datos obrantes en el Registro Mercantil.
    • c) En caso de que se aporte la declaración tributaria, y el resultado de aplicar los mencionados porcentajes a la suma de las partidas del activo y ventas fuera mayor que el 2 por ciento del capital social, se cuantificará la sanción en este último reducido en un 10 por ciento”.