Así ha sido el reparto de los 435 millones en ayudas a autónomos por la pandemia

El pasado 31 de marzo de 2021 el Instituto de la Seguridad Social abonó 435,36 millones de euros a 469.320 personas trabajadoras autónomas a los que les ha sido reconocida alguna de las prestaciones puestas en marcha para paliar la situación de este colectivo como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Según fuentes oficiales, desde marzo de 2020, se han abonado prestaciones por un valor de 5.974,80 millones de euros.

Las diferentes prestaciones en números

El actual sistema de ayudas impulsado por el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, configura una serie de prestaciones ante situaciones como suspensión de actividad de forma temporal por resolución administrativa relacionada con el control de la pandemia; la prestación compatible con la actividad; la prestación extraordinaria por bajos ingresos (para aquellos que no cumplen los requisitos de periodo de carencia de la anterior), y las ayudas para autónomos de temporada, a las que han de añadirse las distintas prestaciones aprobadas por los Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo; Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio y Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre.

Teniendo en cuenta el tipo de prestación, encontramos una mayor incidencia en el caso de la prestación compatible con la actividad cuya solicitud era posible por autónomos cuyos ingresos en el primer semestre de 2021 hubiesen caído el 50% (antes era el 75%) respecto al segundo semestre de 2019, por el importe correspondiente a la base de cotización.

Tipo de prestación

Beneficiarios

Nómina (€)

Prestación compatible con la actividad

349.766

374.674.731,95

Prestación para autónomos obligados a suspender su actividad por resolución administrativa (prorrogada)

40.347

19.011.552,27

Prestación por bajos ingresos

74.396

38.733.222,52

Prestación para trabajadores de temporada

911

687.445,85

Prestaciones procedentes del RD 30/2020

3.683

2.007.032,23

Prestaciones extintas, del Real Decreto-ley 8/2020 y 24/2020

217

251.566,98

Se actualizan los sistemas de autenticación y firma electrónica admitidos por la Seguridad Social y SEPE

Lla pandemia provocada por el COVID19 ha impuesto alternativas a la tratamitación presencial frente a la Administración de la Seguridad Social o el Servicio Público de Empleo Estatal.

La DF 5ª.4 Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, modifica el apartado 1 e incorporan los apartados 4, 5 y 6 al art. 129 LGSS:

  • La Administración de la Seguridad Social y del Servicio Público de Empleo Estatal facilitará a los interesados la presentación de documentos o la realización de cualquier servicio o trámite a través de los medios electrónicos o a través de otros medios que garanticen la verificación de la identidad del interesado y la expresión de su voluntad y consentimiento, en los términos y condiciones que se establezcan mediante resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones
  • Las resoluciones de la TGSS y SEPE establecerán métodos seguros de identificación de la persona física a través del canal telefónico o de voz, la videollamada o videoidentificación o el contraste de datos, u otros que así se establezcan, todos ellos equivalentes a la fiabilidad de la presencia física. Esos métodos garantizarán, además, la gestión de la evidencia de la identificación realizada.
  • Se considerará válida, la firma insertada en los documentos a que se refiere el art. 11.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o en documento adjunto a los mismos, siempre que se acompañe copia del Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente y se efectúe la correspondiente comprobación favorable a través del Servicio de Verificación de Datos de Identidad y Residencia (SVDIR)
  • Se podrán establecer sistemas de firma electrónica no criptográfica en sus relaciones con los interesados, respecto a los procedimientos y trámites que se determinen.
  • Las aplicaciones informáticas en las que se utilice un sistema de firma electrónica no criptográfica requerirán de forma expresa el consentimiento y la voluntad de firma del interesado, y deberán garantizar el no repudio, la trazabilidad del caso, la gestión de la evidencia de autenticación y el sellado de la información presentada.

Tipologías de ERTE con exoneraciones hasta el 31 de mayo

El Gobierno ha llegado a un nuevo acuerdo con los agentes sociales para prorrogar los ERTE desde el 1 de febrero hasta el 31 de mayo, en condiciones similares a las existentes hasta ahora. Se trata del tercer gran acuerdo por el empleo que se alcanza desde el inicio de la pandemia. Las tipologías de ERTE con exoneraciones hasta el 31 de mayo incluyen:

 

  • Sectores ultraprotegidos. Estos sectores, indicados en la lista de códigos CNAE adjunta y su cadena de valor, tendrán unas exoneraciones del 85% para las empresas con menos de 50 trabajadores y del 75% para las que tienen 50 o más. Las exoneraciones serán las mismas tanto para los trabajadores suspendidos como para los que se reincorporen a sus puestos de trabajo. Esta lista se amplió el pasado 22 diciembre y ahora entran en ella nuevos sectores (5530 -campings y aparcamiento de caravanas-, 7734 - alquiler de medios de navegación- 9604 -actividad de mantenimiento físico-), mientras que salen otros tres (1393 -fabricación de alfombras-, 2431 -Estirado en frío- y 3220 - Fabricación de instrumentos musicales-)

Se han incluido en este listado aquellas empresas cuya CNAE entre finales de abril y finales de diciembre no han recuperado la actividad en porcentaje inferior al 70% y con un porcentaje de afiliados cubiertos por los ERTE mayor del 15%.

  • Las empresas que vean impedido el desarrollo de su actividad en alguno de sus centros de trabajo como consecuencia de las restricciones administrativas para luchar contra la pandemia podrán solicitar un "ERTE de impedimento". Estas empresas tendrán una exoneración en sus cotizaciones a la Seguridad Social durante el periodo de cierre y hasta el 31 de mayo de 2021, que será del 100% de la aportación empresarial durante el periodo de cierre y hasta el 31 de mayo si tienen menos de 50 trabajadores y del 90% si tienen 50 trabajadores o más.
  • ERTE de limitación. Las empresas o entidades que vean limitado el desarrollo de su actividad en algunos de sus centros de trabajo como consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por autoridades podrán solicitar a la autoridad laboral un "ERTE por limitaciones". En este caso, las exoneraciones serán decrecientes hasta el 31 de mayo destacando, además, que estas empezarán por el 100% en febrero para empresas de menos de 50 trabajadores y del 90% para aquellas de 50 trabajadores o más.

 

Actualmente, hay 704.000 personas en ERTE, de las que 450.000 están en alguna de las modalidades que conllevan exoneraciones a la Seguridad Social. Unas 193.000 personas estaban en ERTE de sectores ultraprotegidos, mientras que otros 49.800 de su cadena de valor estaban protegidos por este mecanismo.

En ERTE de impedimento hay 32.000 personas protegidas y otras 175.000 personas estaban a 18 de enero bajo la figura del ERTE de limitación. En estos casos, se aprecia una oscilación del número de personas protegidas, lógica, ya que se van adaptando a las restricciones administrativas que se van aprobando. Fuera de las modalidades del RD 30/2020, ya sin exoneraciones a la Seguridad Social, se mantienen otras 254.000 personas. Estas modalidades están en continuo descenso.

Gobierno, sindicatos y patronal han llegado a un preacuerdo para extender los ERTE hasta el 31 de mayo

La actual prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) acaba el 31 de enero. No obstante, tal y como ha adelantado diferentes medios, a falta de conocer las condiciones definitivas fijadas para la nueva prórroga de los ERTES, se habría fijado una extensión de los expedientes temporales por fuerza mayor para determinados sectores económicos, y las dos figuras de ERTE de impedimento y limitación de actividad hasta el 31 de mayo de 2021.

Tras las distintas negociaciones entre Gobierno, sindicatos y empresarios sobre este tema, en las que se llegó a consenso con el límite casi cumplido, y en vista de la actual situación, por el momento solo se ha concretado la fecha de extensión en las prórrogas de las medidas, faltando consenso sobre las condiciones.

Los datos de diciembre de 2020 muestran más de 755.000 personas actualmente en ERTE, por lo que las partes pretenden cerrar el acuerdo para su ampliación antes de mediados de este mes de enero.

Ampliación en la línea actual

Por el momento se desconocen los detalles de la negociación de la cuarta prórroga de los ERTES asociados al COVID-19, existiendo un plazo impuesto por Trabajo hasta el próximo 15 de enero para negociar. Salvo sorpresas todo parece indicar la prórroga automática de los ERTES Fuerza Mayor y el mantenimiento de las figuras creadas mediante el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, ERTE por impedimento, ERTE por limitación y ERTE para aquellos sectores más afectados por el impacto del Coronavirus COVID-19.

Puntos de conflicto

Como adelantó el «Diario Cinco Días», desde el Gobierno no son partidarios de grandes cambios en el diseño de los ERTE actual, si bien el Ejecutivo busca modular estos instrumentos asociándolos a procesos de formación de los trabajadores afectados para mejorar sus competencias y así mejorar su probabilidad de encontrar, cambiar o mejorar de empleo en el nuevo entorno socio-laboral que se avecina.

Dos son los principales puntos aún por concretar:

a) El denominado “contador a cero” de la prestación por desempleo

Hasta el 30 de septiembre de 2020, el periodo de la suspensión del contrato o la reducción de la jornada durante el que estén percibiendo prestación por desempleo vinculada a un ERTE no computaba a efectos de consumir los periodos máximos de percepción legalmente establecidos (comúnmente denominado como “contador a cero”). No obstante, junto a otras modulaciones establecidas por el Real Decreto-ley 30/2020, las prestaciones por desempleo asociadas a ERTE COVID-19 consumen paro desde el 1 de octubre de 2020, siempre que:

  • se soliciten antes del 1 de octubre de 2026.
  • el paro no derive de fin de contrato temporal, despido individual o colectivo por causas objetivas, o despido improcedente.

b) Posibilidad de despedir sin devolución de exoneraciones

Dada la interpretación restrictiva aplicada por Trabajo, por la que el incumplimiento del mantenimiento de empleo sobre un único trabajador supone la devolución de las cotizaciones exoneradas durante el ERTE por toda la plantilla y las críticas por parte de la patronal a este punto, el deber de mantenimiento de empleo asociado a las exoneraciones de los ERTES es otro de los puntos calientes de la negociación.

En este sentido, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, adelantándose a las necesidades de restructuración de plantilla que se avecinan, ha solicitado al Gobierno limitar las devoluciones a las ayudas recibidas a los empleados despedidos y no por la totalidad de la plantilla.

Por su parte, el líder de UGT, Pepe Álvarez, entiende como necesario seguir en línea mantenida hasta el momento de impedir el despedido durante seis meses.