Así ha sido el reparto de los 435 millones en ayudas a autónomos por la pandemia

El pasado 31 de marzo de 2021 el Instituto de la Seguridad Social abonó 435,36 millones de euros a 469.320 personas trabajadoras autónomas a los que les ha sido reconocida alguna de las prestaciones puestas en marcha para paliar la situación de este colectivo como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Según fuentes oficiales, desde marzo de 2020, se han abonado prestaciones por un valor de 5.974,80 millones de euros.

Las diferentes prestaciones en números

El actual sistema de ayudas impulsado por el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, configura una serie de prestaciones ante situaciones como suspensión de actividad de forma temporal por resolución administrativa relacionada con el control de la pandemia; la prestación compatible con la actividad; la prestación extraordinaria por bajos ingresos (para aquellos que no cumplen los requisitos de periodo de carencia de la anterior), y las ayudas para autónomos de temporada, a las que han de añadirse las distintas prestaciones aprobadas por los Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo; Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio y Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre.

Teniendo en cuenta el tipo de prestación, encontramos una mayor incidencia en el caso de la prestación compatible con la actividad cuya solicitud era posible por autónomos cuyos ingresos en el primer semestre de 2021 hubiesen caído el 50% (antes era el 75%) respecto al segundo semestre de 2019, por el importe correspondiente a la base de cotización.

Tipo de prestación

Beneficiarios

Nómina (€)

Prestación compatible con la actividad

349.766

374.674.731,95

Prestación para autónomos obligados a suspender su actividad por resolución administrativa (prorrogada)

40.347

19.011.552,27

Prestación por bajos ingresos

74.396

38.733.222,52

Prestación para trabajadores de temporada

911

687.445,85

Prestaciones procedentes del RD 30/2020

3.683

2.007.032,23

Prestaciones extintas, del Real Decreto-ley 8/2020 y 24/2020

217

251.566,98

Se actualizan los sistemas de autenticación y firma electrónica admitidos por la Seguridad Social y SEPE

Lla pandemia provocada por el COVID19 ha impuesto alternativas a la tratamitación presencial frente a la Administración de la Seguridad Social o el Servicio Público de Empleo Estatal.

La DF 5ª.4 Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, modifica el apartado 1 e incorporan los apartados 4, 5 y 6 al art. 129 LGSS:

  • La Administración de la Seguridad Social y del Servicio Público de Empleo Estatal facilitará a los interesados la presentación de documentos o la realización de cualquier servicio o trámite a través de los medios electrónicos o a través de otros medios que garanticen la verificación de la identidad del interesado y la expresión de su voluntad y consentimiento, en los términos y condiciones que se establezcan mediante resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones
  • Las resoluciones de la TGSS y SEPE establecerán métodos seguros de identificación de la persona física a través del canal telefónico o de voz, la videollamada o videoidentificación o el contraste de datos, u otros que así se establezcan, todos ellos equivalentes a la fiabilidad de la presencia física. Esos métodos garantizarán, además, la gestión de la evidencia de la identificación realizada.
  • Se considerará válida, la firma insertada en los documentos a que se refiere el art. 11.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o en documento adjunto a los mismos, siempre que se acompañe copia del Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente y se efectúe la correspondiente comprobación favorable a través del Servicio de Verificación de Datos de Identidad y Residencia (SVDIR)
  • Se podrán establecer sistemas de firma electrónica no criptográfica en sus relaciones con los interesados, respecto a los procedimientos y trámites que se determinen.
  • Las aplicaciones informáticas en las que se utilice un sistema de firma electrónica no criptográfica requerirán de forma expresa el consentimiento y la voluntad de firma del interesado, y deberán garantizar el no repudio, la trazabilidad del caso, la gestión de la evidencia de autenticación y el sellado de la información presentada.